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El proyecto de ley presentado por la diputada Roxana Rocha, de la bancada de RenovaciΓ³n Popular, plantea que los funcionarios pΓΊblicos asuman inicialmente los gastos de sus abogados y otros especialistas. El Estado solo les devolverΓ­a ese dinero si obtienen una decisiΓ³n firme favorable que descarte su responsabilidad por hechos vinculados con el ejercicio de sus funciones.
La iniciativa propone modificar la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, y cambiar las reglas que permiten a las entidades pΓΊblicas cubrir estos gastos desde el inicio de una investigaciΓ³n o un proceso. Con la nueva fΓ³rmula, el funcionario tendrΓ­a que asumir el costo de su defensa durante el procedimiento y luego presentar los documentos que acrediten los pagos para solicitar el reembolso.
El beneficio alcanzarΓ­a a quienes afronten procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales o investigaciones fiscales, policiales y del Congreso por decisiones, actos u omisiones relacionados con sus labores. La propuesta tambiΓ©n incluye a los exservidores, incluso si dejaron el cargo antes de que concluyera el caso.
El texto establece que no bastarΓ­a con el cierre de una investigaciΓ³n para recuperar el dinero. La decisiΓ³n tendrΓ­a que ser firme y favorable sobre el fondo del caso. Por ello, no habrΓ­a reembolso si el proceso termina ΓΊnicamente por prescripciΓ³n, vencimiento de plazos u otra razΓ³n que no determine la ausencia de responsabilidad.
Proyecto limita los gastos que el Estado podrΓ‘ devolver a los funcionarios
La propuesta establece que las entidades pΓΊblicas solo reconocerΓ­an gastos necesarios y directamente relacionados con la defensa. Para calcular el monto, tendrΓ­an que considerar la complejidad del caso, la especializaciΓ³n requerida, el trabajo realizado, la duraciΓ³n del proceso y los precios habituales del servicio. El funcionario deberΓ‘ presentar contratos, comprobantes de pago y otros documentos que sustenten su pedido.
El Estado no cubrirΓ­a multas, sanciones, reparaciones civiles, indemnizaciones, fianzas ni otros pagos impuestos al servidor. Si el procedimiento incluye varios hechos y la decisiΓ³n solo resulta favorable respecto de algunos, el reembolso se limitarΓ­a a los gastos atribuibles a esos puntos. TambiΓ©n se descontarΓ­a el dinero que la parte contraria ya hubiera pagado por la defensa.
La entidad donde el funcionario ejerciΓ³ sus labores serΓ­a responsable de evaluar la solicitud. Si esa instituciΓ³n desaparece por una reorganizaciΓ³n, la obligaciΓ³n pasarΓ­a a la entidad que la suceda. AdemΓ‘s, las resoluciones que aprueben los reembolsos tendrΓ­an que publicarse dentro de los diez dΓ­as hΓ‘biles siguientes, con informaciΓ³n sobre el beneficiario, el concepto y el monto, salvo las excepciones previstas por ley.
Fuente: La RepΓΊblica

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