Luego del enfrentamiento verbal registrado en la sede de la Municipalidad Provincial de Tacna entre autoridades ediles y parlamentarios durante una diligencia de fiscalización, el alcalde provincial Pascual Guisa Bravo ofreció su versión de los hechos e insistió en que su administración ha actuado en estricto apego a la ley.
El incidente se desencadenó en el marco de los requerimientos de información formulados por la Contraloría General de la República respecto al proceso de cesión en uso de un predio municipal para la construcción del mercado en el Fundo Chololo.
DESCARGO EDIL Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Durante sus declaraciones, el alcalde Guisa argumentó que la decisión de entregar el terreno en cesión de uso por 30 años busca solucionar un problema presupuestal histórico para la comuna. Según indicó la autoridad municipal, la municipalidad solo recauda mensualmente S/ 160,000 en los abastos locales, mientras que el costo de mantenimiento asciende a S/ 400,000, lo que —según sus cifras— ha generado un desembolso acumulado de más de 5 millones de soles de fondos públicos durante su gestión.
Sobre el Fundo Chololo, Guisa sostuvo que el proyecto contempla la inversión de comerciantes y emprendedores sin que la municipalidad tenga que destinar recursos propios, y remarcó que al término del periodo de cesión la infraestructura pasará a ser propiedad del municipio.
DISCREPANCIA LEGAL Y ACUSACIONES DE INTROMISIÓN
Respecto al cuestionamiento sobre el procedimiento normativo para la aprobación del acuerdo de concejo —específicamente sobre si correspondía aplicar la mayoría simple del artículo 33 o la votación calificada del artículo 66 de la Ley Orgánica de Municipalidades—, el burgomaestre señaló que el Concejo Municipal votó por mayoría simple y sostuvo que cualquier controversia de interpretación tendría que dirimirse, de ser el caso, en las instancias correspondientes como el Tribunal Constitucional.
Por otro lado, Guisa denunció haber sido objeto de interrupciones permanentes por parte de los congresistas y sus asesores mientras intentaba exponer sus sustentaciones técnicas. Afirmó que la municipalidad se encuentra dentro de los plazos para responder por escrito al informe de la Contraloría y acusó a los parlamentarios de incurrir en una intromisión de funciones al exigir documentación de un proceso en trámite.
Finalmente, la autoridad provincial manifestó que evalúa interponer acciones formales por presunta vulneración a la autonomía municipal, aunque aseguró que acudirá al Congreso de la República en caso de ser citado para presentar los sustentos de su gestión.
