Por Ricardo Oviedo Zavala.
La eliminación del ingreso de licores a través del sistema de la zona franca de Tacna, a partir del 1 de enero de 2027, es una decisión que tendrá graves consecuencias económicas para la región. La disposición, publicada en diciembre de 2023, tuvo tres años para ser cuestionada, revisada o derogada mediante una acción conjunta de autoridades, instituciones y empresarios locales. Sin embargo, el tiempo transcurrió sin que se lograra articular una respuesta.
La eliminación de la partida arancelaria que permite el ingreso de licores pagando el 6% de impuestos significará una reducción aproximada del 50% en la recaudación de ZOFRATACNA. El impacto no se limitará a la institución, sino que alcanzará a todas las entidades que reciben transferencias de sus ingresos, como el Gobierno Regional, el Proyecto Especial Tacna, las municipalidades y los exCeticos. También comprometerá el financiamiento de la propia administración de la zona franca y el pago de su personal. Estamos, por tanto, ante un golpe económico que pudo evitarse si hubiese existido voluntad y capacidad de gestión.
La historia de este sistema se remonta al final del primer gobierno de Alan García, cuando se creó la ZOTAC, primer antecedente de la actual zona franca. Su propósito era combatir el contrabando mediante el ingreso legal de mercancías a un territorio de tratamiento especial, pagando inicialmente el 10% de impuestos, tasa que posteriormente bajó al 8% y finalmente al 6%.
La lógica era sencilla: formalizar el comercio fronterizo, generar ingresos y permitir la reexpedición de productos hacia otros mercados. Ahora, al restringirse el ingreso de licores, el Gobierno corre el riesgo de reactivar precisamente aquello que este modelo buscó erradicar: el contrabando. Los productos seguirán llegando a Tacna, pero por vías ilegales, sin pagar impuestos. Pierde ZOFRATACNA, pierden las instituciones beneficiarias y también pierde el Estado.
Los argumentos gubernamentales tampoco parecen sustentarse en una evaluación del impacto económico y fronterizo. Invocar la protección de la salud y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la tributación de bebidas alcohólicas no justifica ignorar las consecuencias de una medida que podría fortalecer el comercio ilegal. Una política pública no puede limitarse a prohibir: debe evaluar, corregir y anticipar sus efectos. Tacna vuelve a pagar el precio de la indiferencia y la falta de coordinación.
Así están las cosas
